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Boletín de prensa 30 de mayo de 2011

 

EL TIEMPO

 

 

LA CONSTITUCIÓN DEL 91 REPRESENTA EL CAMBIO DE PARADIGMA

 

"Parafraseando a Protágoras, creo que 'el hombre es la medida de todas las leyes'": Juan Carlos Henao

El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, señala que "la Carta del 91 se creó en un foro democrático, abierto, representativo, deliberativo y ante todo pluralista", sin antecedentes.

La celebración de los 20 años de la Constitución Política de 1991 me trae a la memoria una reflexión que trabajo con mis estudiantes: "El derecho es la gramática del poder". Esto es así, porque para nosotros las palabras tienen un significado especial: nos gobiernan. La palabra en el ejercicio jurídico sólo tiene por objeto hacer transparente la justicia. Es tan extenso nuestro lenguaje que se convierte en códigos, en leyes, en constituciones, es decir, en libros.

Cuando el primer ser humano utilizó el lenguaje hablado, se comunicó con las personas más próximas. Pero cuando el primer ser humano escribió se comunicó con la humanidad, con el futuro, con seres desconocidos, con otras geografías y culturas. Así de simple entiendo el valor del lenguaje escrito. Se leen los libros como se lee la realidad, sentencia un erudito francés. Esta reflexión correría el riesgo de extenderla a otra: se lee la Constitución de 1991 como se lee el aquí y el ahora de Colombia.

Nuestra Constitución cumple 20 años, la anterior, de 1886, llegó a cumplir 105 años. La Constitución de 1991 representa el cambio de paradigma político, económico y jurídico que vivía no sólo Colombia, sino el mundo. Los tres pilares de dicho modelo fueron la democracia como ideal político, la liberalización económica desde el punto de vista económico y la idea de Constitución desde el pensamiento jurídico.

El escrutinio de la Constitución de 1991 en cualquier sentido que se quiera hacer, no puede olvidar que su nacimiento tuvo lugar en el seno de un foro democrático, abierto, representativo, deliberativo, pero ante todo pluralista. En los antecedentes de la historia constitucional colombiana, quizás nunca había existido un proceso constituyente como este. Ni en Cúcuta, ni en Rionegro, qué decir de la Constitución de la Regeneración, ni tampoco en la muy progresista reforma constitucional de 1936 se conjugaron tan diversas tendencias del pensamiento y de los orígenes, como las que se apreciaron en la Asamblea de 1991. Esta fue una asamblea de consenso, no de vencedores.

Y esta condición de diversidad de perspectivas se reflejó en su ideario: la cláusula del estado social de derecho, la vigencia del sistema de democracia representativa, a la par con una democracia participativa, deliberativa y también con la democracia material que imponen los derechos fundamentales. El reconocimiento y la ampliación de los derechos individuales como derechos fundamentales; la acción de tutela, verdadera vedette de la Constitución de 1991, como mecanismo ágil de defensa de derechos; la regla general de la igualdad formal al mismo tiempo que la inequívoca promoción de la igualdad material; un sistema de garantías judiciales muy fortalecido. En lo que tiene que ver con los poderes públicos, un sistema presidencialista con un ejecutivo cuyas competencias se acotan por el control legal, político y constitucional; un legislativo que se mantiene en su forma bicameral pero con circunscripciones electorales distintas para cada una de sus cámaras y con ámbitos de poder fortalecidos que centraliza los más importantes desarrollos constitucionales; un poder judicial integrado por las jurisdicciones tradicionales ordinaria y contenciosa, pero que además se complejiza con la jurisdicción constitucional, la indígena y la de paz. Un Estado descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales, pero claramente articulado al interior de un Estado unitario. Un poder de control fiscal sometido a la legalidad en la asignación y ejecución de los recursos públicos, pero también a los resultados. Una inserción del país en el contexto internacional. Una Banca Central autónoma e independiente, pero sujeta a los parámetros dispuestos por el legislador y a los objetivos macroeconómicos del Estado. Un sistema de reforma constitucional variado. En fin, un Estado laico que ratifica en sus entrañas el pluralismo social.

Punto aparte merece la inaplazable legitimación de las minorías, conquistada como derecho jurídico y como consolidación de una ardua lucha, con la cual se relativiza la estimación numérica de los grupos humanos, por su valoración intrínseca.

En uno de sus versos Paul Valéry escribió que "lo más profundo del hombre es la piel". A favor de Valéry debo aclarar que para su época los derechos femeninos no habían entrado en el glosario de la poesía. Creo que ese verso nos sugiere al derecho constitucional revisar la pretensión de satisfacernos y satisfacer a otros, sólo a partir de la racionalidad jurídica doctrinaria. El derecho como dispositivo de juzgar es incompleto si no se integra con una clara disposición a comprender la condición humana que se somete a juicio. Esa aspiración a vislumbrar lo que el texto jurídico no puede ver, hay que buscarla en las ciencias del hombre, de la sociedad y también en el arte.

Ninguna propuesta de organización social concebida desde los intereses más generales, como el comunismo, el fascismo, el capitalismo salvaje o el comunitarismo han logrado y no podrán lograr desvanecer al individuo. La razón puede estar enunciada veinticinco siglos atrás, cuando Protágoras afirmó que "El hombre es la medida de todas las cosas". Pero dos mil quinientos años no pasan desapercibidos; en el 2011 tendríamos que ampliar el sujeto de la oración y afirmar que, "la mujer, el niño, el homosexual, el negro, el indigente (y un interminable etcétera), cada uno es la medida de todas las cosas".

Siguiendo con Protágoras y parafraseándolo creo que "el hombre es la medida de todas las leyes". Pero, sobre todo, de las leyes que le protegen en sus fueros más personales, es decir, los Derechos Humanos.

Lo dicho cobra sentido si se acepta que los derechos de las personas son el argumento de legitimidad de las Ciencias Jurídicas, como herramientas al servicio de la vida de los individuos. Y a un nivel más profundo, los Derechos Humanos son las potestades de las personas en general, pero con carácter de urgencia para aquellos seres humanos vivos en estado de fragilidad, que pueden dejar de estar vivos o seguir viviendo sólo para perpetuar su dolor, si no se les ampara con nuestra Constitución. En fin, en los Derechos Humanos protegidos por la Constitución de 1991, se encuentra la distinción jurídica más clara entre lo humano y lo inhumano.

Festejemos, entonces, con optimismo el mensaje que nos legaron los y las constituyentes de 1991, no con "el optimismo que hiede a idiotez" al que se refiere Milan Kundera, sino con el optimismo que trasluce el carácter de nuestra Carta Magna: la perfectibilidad humana es posible, siempre y cuando perseveremos en su ideario.

 

Juan Carlos Henao

 

Preside la Corte Constitucional. Máster en Derecho Público Interno Francés de la U. de París y Doctor en Derecho de la U. Panthéon-Assas. Abogado de la U. Externado.

 

Recordando la Constituyente

 

El divorcio, legal para todos los matrimonios

Así se consagró en el artículo 42 de la carta

 

La Asamblea Constituyente incluyó la figura jurídica del divorcio para todos los matrimonios, incluso el católico. El artículo 42 de la Constitución estipuló: "Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil". La Corporación también determinó que para el matrimonio católico esta figura aplicará "solo respecto a los efectos civiles que le reconoce la ley". Esto significa que una persona casada por la Iglesia Católica puede solicitar el divorcio, y de obtenerlo, adquiere la opción para contraer nupcias por la vía civil.

 

Nace la Vicepresidencia

Reemplazó a la designatura

 

La Constituyente aprobó la creación de la figura de la Vicepresidencia, que entró a remplazar a la Designatura a la Presidencia. La propuesta fue respaldada por el liberalismo, el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional. La figura se estrenó en las elecciones de 1994. Humberto de la Calle fue el primer Vicepresidente elegido.

 

Lo aprobado hace 20 años

 

La noche del 28 de mayo de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó -artí- culo 96- que un colombiano pueda, simultáneamente, tener otra nacionalidad.

 

Por 65 votos a favor y una abstención, la Asamblea consagró en la Carta el inciso que dice: "La calidad de colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad". Y con- templa que "los colombia- nos por adopción no esta- rán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción". También se aprobó que "los miembros de pueblos indígenas" que ocupan territorios fronte- rizos, puedan tener doble nacionalidad, "según tratados públicos".

 

Juan Carlos Henao

Especial para EL TIEMPO

 

 

 

'CRISIS DE LA TIERRA ES TAN GRAVE COMO LA DE SALUD': MIN. AGRICULTURA

 

Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica la intervención del Estado en la restitución.

Juan Camilo Restrepo, explica el regreso de los desplazados a las parcelas que dejaron abandonadas por la violencia. Insiste en que los propietarios honestos del campo no deben temer nada.

"La crisis de la tierra en Colombia, la tierra despojada, la tierra abandonada, la tierra usurpada, las familias desplazadas y la tierra robaba es tan grave como la crisis de la salud que ha salido a flote". Semejante afirmación es la síntesis del siguiente análisis que estremece y que hace el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la situación de tierras asaltadas, ocupadas ilegalmente. Son 2 millones de hectáreas arrebatadas a 450 mil familias que fueron despojadas. Y son 4 millones de hectáreas abandonadas por temor al regreso. Y son 500 mil hectáreas robadas al Estado. Y son otras 500 mil que están en el "Triángulo de la Bermudas" que, para el Ministro, es la Dirección de Estupefacientes.

Según Restrepo, el conocimiento de todas las ilegalidades ocurridas con la tierra y la reparación de las víctimas permite entender por qué el presidente Santos consideró que la misión de solucionar esa injusticia lo haría "sentir satisfecho de su labor como mandatario" . Dijo el Ministro que la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "partirá en dos la historia de Colombia".

¿Qué tan grave es la situación de tierras en el país, que condujo al presidente Santos a decir, cuando hizo la presentación de la Ley de Víctimas y de Tierras: "Si esa ley se aprueba, yo como Presidente de la República podría darme como satisfecho de mi labor como mandatario"?

 

Es gravísima. Fue gravísimo que le hubieran despojado violentamente 2 millones de hectáreas a familias inocentes; que otras 4 millones de hectáreas tuvieran que ser abandonadas porque sus legítimos propietarios fueron amenazados o se sintieron en grave riesgo; gravísimo que mediante procesos indelicados se hubieran mal administrado 500 mil hectáreas de las mejores tierras del país y 75 mil bienes incautados al narcotráfico, y gravísimo que al mismo Estado le hayan robado entre 400 y 500 mil hectáreas.

 

¿Usted diría que Estupefacientes se volvió un banco para pagar favores y un botín de políticos o avispados?

 

Pues sí, infortunadamente parte de esos bienes se entregaron con postulaciones o por amiguismos, o por complacencias políticas a administradores indelicados. Pero lo grave no es solo eso. Usted daba un bien en administración, cuyo rendimiento normal, supongamos, es de 10 millones de pesos al mes, pero se pactaba con Estupefacientes que la remuneración iba a ser de 1 millón al mes. Ese era el negocio.

 

Junto a la crisis de Estupefacientes, ¿qué es lo más grave que han encontrado en el tema de tierras?

 

Encontramos tres grandes cajones. Uno: las tierras despojadas; dos: las tierras abandonadas; tres: las tierras decomisadas a los narcos . Y nos falta el cuarto cajoncito, que ha aparecido en estos días. Otro gran despojado ha resultado ser el Estado colombiano, al que le quitaron muchas tierras, no con violencia, ni con las embestidas de las bandas paramilitares o guerrilleras, sino en la penumbra de las notarías y de las oficinas de registro.

 

¿Cómo?

 

Tierras de propiedad pública, con todo un patrón de comportamiento criminal y con la connivencia de notarios y de registradores públicos han aparecido como propiedad privada. ¿Cómo lo hacían? Borraban al Estado de los folios notariales y un delincuente aparecía dueño de esas tierras. Ese es el caso típico de alias 'Cuchillo' y de sus testaferros en el Llano. Entre Mapiripán y Carimagua se hizo apuntar cerca de 20 mil hectáreas que no eran de él, sino del Estado. Con este procedimiento, que ha venido documentando la Superintendencia de Notariado y Registro, se le pudieron haber robado al Estado entre 400 mil y 500 mil hectáreas.

Por otra parte, a 400 mil familias las despojaron de 2 millones de hectáreas. Y otras 4 millones de hectáreas están abandonadas porque sus propietarios no volvieron por temor a ser asesinados.

Es decir, mirado en su conjunto, este es un tema de inmoralidad, de corrupción, de manipulación del sistema de registros y notaría, casi de la magnitud de los fraudes que se están descubriendo en salud.

 

¿De semejante dimensión, dice usted?

 

Con todo este panorama de las tierras despojadas, de las abandonadas forzosamente, de las mal administradas por Estupefacientes -las que yo llamo del Triángulo de las Bermudas- y de las tierras robadas al Estado, hay que llegar a la conclusión de que durante los últimos 25 años se montó una operación delictiva que mezcla la violencia, el fraude y el dolo para hacerse, a través de la tierra, a unos capitales enormes, a una riqueza infinita, que quedó en manos de delincuentes o de gentes que utilizaron a delincuentes.

 

¿Eso ocurrió en todas las tierras?

 

No. Al lado de todo esto está la agricultura honesta, la agricultura empresarial, la agricultura campesina, cuyos trabajadores conforman la inmensa mayoría de quienes laboran el agro en Colombia. Es la agricultura honesta que posiblemente conforma el 95 por ciento de las tierras trabajadas en Colombia, que nada tuvo que ver ni tiene vínculos con el marco delincuencial que he descrito. Esta agricultura y esta ganadería de gentes honestas hay que protegerla, ayudarla y defenderla a capa y espada.

 

¿Por qué dice usted que lo que se está descubriendo en tierras es tan grave como la crisis de la salud?

 

Porque es así. Inclusive hasta más grave. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas de buenas tierras que han sido objeto de diversas modalidades delictivas. Esto debe hacer sobrecoger a la sociedad colombiana.

 

¿Los despojadores de las tierras han sido guerrilleros, paramilitares y narcos?

 

Las tierras de los narcos son las que están incautadas en la Dirección de Estupefacientes. Quinientas mil hectáreas de las mejores tierras del país. Y están allí, en una especie de Triángulo de las Bermudas, porque entraban a la Oficina de Estupefacientes pero no volvían a salir de allí, como los aviones perdidos. Estamos tratando de sacar esas tierras para ponerlas a cumplir una función social, que es la de servir para asentamientos agrarios campesinos.

 

Utilizando su figura, ¿el Triángulo de las Bermudas que es Estupefacientes equivaldría a Saludcoop en la salud? ¿Nadie sabe qué se hizo la plata?

 

Saludcoop sería el equivalente entre el Triángulo de las Bermudas descrito y el Estado despojado en la oscuridad de notarías y oficinas de registro.

 

¿Y qué van a hacer en el caso de las tierras que le robaron al Estado?

 

Estamos haciendo, con la Superintendencia de Notariado y Registro e Incoder, el rastreo de escritura por escritura, registro por registro, y cada vez se advierte más que subrepticiamente se las ingeniaron para borrar como propietario al Estado y anotar a un delincuente como propietario de la tierra. Cada vez que eso se establece, revocamos en forma inmediata tanto las adjudicaciones espurias, como los registros notariales fraudulentos. Regresamos el bien a la Nación y presentamos la denuncias correspondiente. Hay notarios y registradores tras las rejas. La tierra ha sido objetivo de estafa, manipulaciones, malos manejos tan graves como los delitos hallados contra la salud de los colombianos. Y también, le repito: como en el caso de médicos, enfermeras y de quienes trabajan en los servicios de la salud, cuya inmensa mayoría son gentes honestas, en lo que se relaciona con la tierra la inmensa mayoría de los propietarios y de quienes la cultivan son pulcros, rectos y honrados. No debemos confundir a los delincuentes, que son pocos, con la gente honesta que es la mayoría.

 

En el campo de la salud, el Gobierno empezó a tomar decisiones al intervenir. ¿Ustedes también lo van a hacer con la tierra?

 

Ya lo estamos haciendo. Con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras estamos interviniendo en una situación de impunidad que llevaba no menos de un cuarto de siglo. Estamos interviniendo a través de acompañamiento a los procesos de retorno; devolviendo sus tierras a quienes tuvieron que abandonarlas por la violencia, y va a seguir la profilaxis en Estupefacientes. Y, en fin, estamos interviniendo al recobrar para el Estado inmensas extensiones de tierra que habían sido también objeto del despojo.

 

¿Todo lo que el Gobierno va a comenzar a hacer en materia de víctimas del conflicto y tierras, debe preocupar al sector agrícola?

 

Todo lo contrario. Debe alegrarlo porque se acabarán las malas compañías. El 95 por ciento de la agricultura y de la ganadería en Colombia la hacen ganaderos y campesinos honestos, empresarios esforzados. Nada de lo que se está haciendo los afecta ni los afectará. Vamos a trabajar, además, en la dirección de volvernos una despensa de alimentos para el mundo. Colombia tiene posibilidades de ampliar su frontera agrícola y de mejorar la productividad de su agricultura. Ahí hay una gran agenda hacia adelante.

 

La gran crítica que se hace a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que se acaba de aprobar es la absoluta falta de recursos para ejecutarla. ¿De dónde va el Estado a obtener 50 billones de pesos que, se calcula, vale la ley?

 

Esta ley se ejecutará en diez años. Es decir, es una norma que se enmarca dentro de lo que se conoce como justicia transicional .

 

Pero tiene un costo altísimo, de todas maneras...

 

Sí, porque es una ley con la cual se va a saldar una gigantesca deuda aún insoluta que tiene la sociedad colombiana con las víctimas. Ahora bien, no es que tengamos en un cajón desde ahora 50 billones de pesos. Lo que pasa es que el Gobierno, como lo explicó el Ministro de Hacienda a lo largo de los debates parlamentarios, se compromete a honrar la ley incorporando cada año en los presupuestos las partidas necesarias para ir atendiendo los gastos que cada año genere el cumplimiento de esta ley.

 

El Ministro de Hacienda admitió que es posible que el Gobierno tenga que recurrir a una financiación tributaria. ¿Así será? ¿Se financiará con más impuestos?

 

Lo que ha dicho el Ministro es que el Gobierno analizará, dentro de unos marcos de responsabilidad fiscal, el gasto adicional que va a implicar la Ley de Víctimas. Pero ese gasto, siendo importante, no desborda la capacidad financiera del Estado porque, le repito, hay que enmarcarlo por anualidades durante una vigencia de 10 años.

 

¿Cómo va a operar la ley en materia de restitución de tierras? ¿Cómo se sabe qué tierras van a devolver? ¿A quién van a desalojar? ¿A quién van a beneficiar?

 

En los últimos 25 años, según investigaciones serias, a 450 mil familias, o bien les quitaron las tierras a sangre y fuego grupos violentos, o bien los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras cuando llegaron los amedrentamientos. En el primer caso, les arrebataron cerca de 2 millones de hectáreas. En el segundo, 4 millones de hectáreas. El censo que hizo la Pastoral Social de la Iglesia, en más de 500 parroquias del país, confirma esas estadísticas.

 

¿Cuáles fueron las zonas del país más afectadas por estos despojos y abandonos forzados?

 

Casi todo el país. En los casos de abandono, que se ha mostrado magistralmente en una reciente película que se denomina Los colores de la montaña, debe haber acompañamiento con seguridad para el retorno. Cito el caso de las 3 mil familias que el municipio de Medellín está impulsando para que retornen a sus tierras abandonadas en el oriente antioqueño. Ese es el modelo que habrá que replicar en todo el país. En lo que tiene que ver con las restituciones de tierras despojadas, la nueva ley lo que busca es promover un proceso abreviado para que los originales dueños las puedan recuperar.

 

¿Quiénes ocupan hoy las tierras que fueron objeto de despojo?

 

Hay tres hipótesis: o están en manos de los despojadores originales, que no son la mayoría porque el gran capo paramilitar o guerrillero no colocaba esa tierra a nombre de él, sino que la hacía apuntar a sus amigos, compinches o familiares. O están en manos de testaferros de quienes ordenaron el desalojo a sangre y fuego. O esas tierras despojadas a la fuerza han pasado, con el correr de los años, a manos de poseedores de buena fe exentos de culpa.

 

¿Y qué pasará en este último caso?

 

La ley prevé que la tierra se le devuelve al despojado, porque el despojo por la fuerza nunca sanea el título, y si se demuestra que la tierra está en manos de un tenedor de buena fe, exento de culpa, se le indemnizará al valor comercial que tengan esas tierras en el momento en que el juez agrario profiera la sentencia de restitución.

Y quiero decir, enfáticamente: con esta ley nadie debe temer nada, si no es despojador o testaferro. Es una ley que no es agresiva sino que es respetuosa de la propiedad privada, de los derechos legítimos, de la seguridad jurídica y de los empresarios honestos del campo.

 

¿La mayoría de esas 2 millones de hectáreas despojadas pertenecían a campesinos que no tenían títulos formales de propiedad sobre dichas tierras?

 

El 40 por ciento de todos los predios rurales que se trabajan en Colombia son de tenencia informal. Hay un gran problema de informalidad de la propiedad rural. Es por eso que estamos trabajando intensamente para titular predios, para que quien esté trabajando la tierra la tenga en debida forma, con escrituras plenas. No es sorprendente entonces que una buena parte de los despojados fueran propietarios informales de sus tierras.

 

¿Cuál es el origen de esa informalidad en la propiedad de la tierra?

 

Voy a dar un ejemplo: el tío le vende al sobrino una finca. Pero el sobrino nunca registra esa compraventa en una escritura, sino que recibe una carta que guarda en la cómoda de su casa. O el abuelo que les deja a los nietos la finca y esa sucesión nunca se protocoliza. O el colono que lleva 20 años trabajando en una tierra, y nunca se la han titulado. Ahí hay un gran problema. Cuando hablamos de restitución de tierras, paralelamente estamos hablando de la necesidad de formalizar la propiedad agraria en Colombia. Toda tierra restituida con esta ley será inmediatamente formalizada.

 

¿Cómo hará el Estado para confirmar la veracidad de quien reclame la propiedad de la tierra si no tiene títulos ni pruebas?

 

Esto no va a funcionar sobre la base de que cualquiera llegue y diga: a mí me quitaron una finca, devuélvanmela. No. Se crea lo que se llama Unidad de Restitución de Tierras', que estará adscrita al Ministerio de Agricultura. En esa Unidad se van a inscribir todos los que ya existen en las listas que lleva Acción Social, más quienes presenten la reclamación. El Estado va a montar un equipo técnico bastante complejo y sofisticado, una especie de Instituto Agustín Codazzi, dedicado expresamente a verificar la autenticidad del reclamo.

 

¿Cuánto tiempo requerirá eso?

 

El proceso previsto en la nueva ley es muy expedito. Hoy en día un proceso ordinario de restitución de tierras puede durar de 10 a 20 años. Con el nuevo procedimiento durará de año a año y medio.

Doy un ejemplo para visualizar las cosas: una familia pobre, a la que le quitaron la tierra hace 10 o 15 años, hoy está tratando de malganarse la vida al pie de un semáforo vendiendo cosas. Si se le dijera a esa familia: lamentamos mucho que le quitaron la tierra, vaya ahora con sus propios medios, de notaría en notaría y de oficina de registro en oficina de registro y consiga la prueba, y cuando tenga los papeles los trae para reintegrarle su finca, ello sería una burla con las víctimas. Ese desplazado del semáforo nunca tendrá ni los medios ni las condiciones para obtener esos papeles. Mucho menos, si como yo le he dicho, es un tenedor informal que no tenía escrituras. Los buenos propósitos se volverían papel mojado. Por eso, la nueva ley ha establecido lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. En nuestro ejemplo, no es el hombre del semáforo el que tiene que ir de notaría en notaría, sino que el Gobierno le va a ayudar a conseguir esos papeles que lo acreditarán ante el juez agrario.

 

¿Entonces cómo va a hacer usted para evitar que la ley sea una burla?

 

No será. El Estado verificará con los vecinos y con la sociedad, todo sobre los propietarios o poseedores. Y si se halla que todo es cierto, acompañará a este hombre del semáforo, lo llevará hasta un juez agrario que crea la ley, y el juez, al verificar todo, le devolverá la tierra. Si quien ocupa la tierra hoy es un tenedor de buena fe, exento de culpa, y prueba que él no fue despojador, ni fue testaferro, entonces se le indemnizará. Pero al campesino se le restablecerá su propiedad.

 

Pero Ministro, eso suena bien si fuera un desplazado en un semáforo, pero es que son miles de familias y millones de hectáreas...

 

Sí, es una tarea administrativa y jurídica gigantesca, como gigantesco es el problema que se gestó. ¿Pero cuál sería la alternativa? ¿Dejar las cosas como están y no hacer nada?¿Dejar a ese hombre en el semáforo otros 10 años y olvidarnos de él y de su condición de víctima? Como lo que se quiere es enmendar semejante injusticia, afrontaremos las inmensas dificultades administrativas y jurídicas que supone la aplicación de esta ley para que, sin vulnerar el Estado de derecho y sin crear inseguridades jurídicas, se logre el bien superior que es el de resarcir a las víctimas.

 

Plan frente al 'Triángulo de las Bermudas'

 

¿Cuántas hectáreas de las 500 mil de Estupefacientes fueron a dar a manos de políticos o testaferros de los políticos?

 

Eso lo responderán las investigaciones. Todo parece indicar que sí hubo un botín que cayó no solo en manos de políticos, sino de gentes a las que, sin ser administradores profesionales de bienes, se los entregaron.

 

¿Qué va a pasar?

 

Por una parte, hay que depurar los mecanismos para que esos bienes dejen de estar en manos de administradores deshonestos e ineficientes. Y por la otra, sacar de ese Triángulo de las Bermudas la mayor cantidad de hectáreas productivas para ponerlas al servicio del desarrollo agrario. Que se las entreguen a campesinos que quieren trabajarlas y que no tienen tierras; que vinculemos al Sena para crear centros de formación de capacitación agrícola allí donde se necesita.

 

'El Presidente no está en un canto de sirenas'

 

Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz

 

El Presidente dijo que estaría satisfecho en su labor como mandatario si este proyecto salía adelante. ¿Logrará la aplicación de esta ley antes de haber cumplido su periodo presidencial? ¿Será una realidad?

 

Sí. Por supuesto. Estos no son cantos de sirena. El presidente Santos está comprometido a fondo con esta ley, como lo demostró cuando, rompiendo todos los rituales de la vida parlamentaria en Colombia, fue personalmente a registrar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras a la Secretaría de la Cámara. Es la primera vez en la historia constitucional que un presidente en ejercicio personalmente registra un proyecto de ley. Y yo voy a dedicar toda la energía y capacidad del Ministerio de Agricultura, y todo mi esfuerzo y consagración, para que esta ley no se quede en el papel.

 

Se ha dicho que la paz duradera pasa por el meridiano de la solución de los conflictos agrarios. Esta ley es el paso más importante y decisorio que se ha dado hacia la paz. El presidente Santos tiene claro que esta ley es una contribución valiosísima a aclimatar la paz en Colombia, además de que cumple con una deuda que teníamos ahí archivada como sociedad.

 

El proceso

'Restitución de tierras no será un rey de burlas'

 

¿No se corre el riesgo de que la ley se quede en un enunciado de muy buenas intenciones y se muera en medio de la burocracia y la tramitomanía?

 

El Gobierno está decidido a ponerle todo el dinamismo, el empuje y toda la decisión política para que las cosas no se queden en el papel.

 

¿Cuál es la meta?

 

Ayudar, durante este cuatrienio, a que al menos 200 mil familias recuperen la tierra que les arrebataron, y a que por lo menos 500 mil hectáreas de propiedad informal se formalicen anualmente a través de la titulación.

 

¿Por qué lugares comenzará?

 

Ya tenemos mapas que nos muestran la densidad regional del despojo. Donde hubo más atropellos, más desalojos, fue en regiones como Urabá, el Catatumbo, Córdoba, sur de Bolívar y Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, entre otros.

 

¿Hoy existen jueces agrarios?

 

Se habilitarán en los juzgados de circuito de las áreas donde se va a tramitar todo esto.

 

¿Cuántos jueces agrarios crearán?

 

Vamos a reunirnos con el Consejo Superior de la Judicatura para crearlos dentro de un criterio de gradualidad, manejable y financiable. La creación de estos jueces especializados es trascendental, porque esto no se puede hacer a la brava. Todo el proceso de restitución tiene que estar muy bien documentado y debe tramitarse dentro de los procedimientos jurisdiccionales para no crear incertidumbre ni inseguridad jurídica en el país. El

Gobierno tiene la clara decisión de avanzar a paso muy firme en lo que es un objetivo de justicia y de equidad, pero sin crear, repito una vez más, ningún temor entre los empresarios honestos del campo que son la inmensa mayoría. Calculo que inicialmente habrá que especializar unos 80 o 100 jueces agrarios.

 

Pero si una de las mayores críticas que hoy hace la justicia al Gobierno es que no tiene recursos, que apenas le asignan el 1, 4 por ciento del presupuesto...

 

Está previsto. El Gobierno aportará los recursos adicionales que se requieran.

 

'SANTOS HA SIDO UNA GRAN SORPRESA', AFIRMA ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

 

Ex procurador y ex fiscal habla con María Isabel Rueda sobre el regreso del Ministerio de Justicia.

Hay más investigaciones, hay más culpabilizados, procesados, detenidos, pero la sensación de que la justicia está politizada y de que no está funcionando aumenta...

El primer error es creer que el problema de la justicia amerita estar cambiando la Constitución. En el 91 se crearon unas instituciones de justicia que hoy están tratando de modificar. El segundo es la ausencia de una política criminal estable. La gente no sabe claramente si lo que quiere es más cárcel a como dé lugar, o si lo que quiere es un Estado de Derecho donde, investigando lo que haya que investigar, se respeten las garantías procesales.

 

¡Nos vendieron el cuento de que el sistema acusatorio era más garantista, y ahora una detención preventiva no se le niega ni al más inocente!

Eso seguirá siendo así en la medida en que no se pueda aplicar plenamente el principio de la presunción de inocencia.

 

Y por qué no se puede aplicar: ¿magistrados y jueces son muy susceptibles a la presión de los medios?

 

En parte sí. En Estados Unidos, la gente va a la cárcel solo cuando está condenada, aun cuando medien delitos graves, como lo estamos viendo con el travieso presidente del FMI. Si esa libertad se hubiera otorgado aquí, habrían despellejado al juez, por ser un caso mediáticamente grave. El gran cuello de botella sigue siendo: o aplicamos el principio de presunción de inocencia, o no lo aplicamos. Si no se aplica totalmente, siempre habrá personas detenidas preventivamente, que luego resultan absueltas.

 

Mire el caso del ex senador Carlos García. Más de dos años preso, y luego declarado inocente. Qué pena, váyase para su casa...

 

Es el típico en el que él hubiera podido estar asumiendo el proceso, libre. Ahora: hay situaciones que son totalmente contradictorias. En un caso y con razón, un magistrado del Tribunal de Bogotá dice que Bernardo Moreno puede asumir su proceso desde la calle. El argumento central es que el doctor Moreno ha estado presto a presentarse, independientemente de los delitos imputados. Pero, en cambio, a las ex congresistas Nancy Patricia Gutierrez y Lucero Cortés les dictaron detención domiciliaria. Ella, sin necesidad de estar detenida, habría podido enfrentar su proceso en libertad. Ese mismo caso puede darse de la gran mayoría de las personas, especialmente funcionarios púbicos, que están siendo procesados. Hasta del propio Iván Moreno. Independientemente de la naturaleza de la acusación, si el argumento es que se iba a volar del país, pues él había demostrado que se fue y volvió.

 

En los casos por usted mencionados, es un magistrado del Tribunal el que deja en libertad a Bernardo Moreno para que se defienda, pero es la Corte la que le ordena a Nancy Patricia Gutiérrez que se defienda detenida... ¿Cree que está haciendo agua el sistema de juicio de los parlamentarios en única instancia ante la Corte?

 

En eso, los parlamentarios han sido víctimas de su propia incuria. Metieron al país en el sistema penal acusatorio, pero dejaron para ellos el sistema inquisitivo, donde la Corte Suprema es la misma que dicta la apertura de investigación, la medida de aseguramiento y la sentencia.

 

Yo apoyé como ponente de los códigos ese sistema, sobre la base de que los magistrados, jueces de máxima jerarquía, atenderían personalmente los procesos. Fue una equivocación. Es un magistrado auxiliar el que investiga y proyecta el fallo que por lo general en la Sala Penal ni leen.

 

Los propios magistrados deben ser conscientes de que es necesario modificar el sistema. Y además se presenta una situación muy extraña, en la que son mutuamente investigables los magistrados de la Corte por los congresistas y viceversa. Eso también hay que cambiarlo.

 

¿Usted cree, como mucha gente lo hace, que la Corte Suprema está emitiendo fallos políticos?

 

No tengo elementos para señalar eso. Pero sí hay la sensación en algunos casos, como cuando la sala penal decidió aplicar retroactivamente una jurisprudencia para poder llevarse otra vez a congresistas a quienes les habían precluido o habían sido absueltos en otras instancias. Eso no es bueno.

 

O cuando la cambian, como hicieron con los computadores de 'Reyes'...

 

La Corte insiste que en el caso de Gloria Inés Ramírez hubo una apreciación distinta. Frente al caso de los computadores, hay que definir si las formalidades cuentan o no cuentan. Esa puede ser otra decisión política del país; por ejemplo, que se dejen a un lado las formalidades por la situación de guerra... Yo, como abogado, tengo que estar del lado del Estado de Derecho.

 

¿El proceso 8.000 no se montó sobre una prueba ilícita, como fueron los narcocasetes?

 

No se tomaron como prueba, porque las grabaciones eran ilícitas, pero los hechos que aparecían en la grabación comenzaron a demostrarse por parte de la Fiscalía de otra manera. Eso mismo debe hacerse con los computadores de 'Reyes'.

 

Los computadores de 'Reyes' llevan dos años rodando. ¿Dónde están las investigaciones de la Fiscalía que sustenten su contenido?

 

No sé. Probablemente no las conozcamos usted y yo.

 

Es que estuvimos sometidos más de un año y medio a la interinidad del Fiscal.

 

Creo que la interinidad no fue buena, no me gustó la actitud de la Corte en ese caso. La Corte tenía que haber elegido antes. Pero no soy yo quién para evaluar a mis sucesores.

 

Es que el Fiscal encargado, desde el día uno, estaba abocado a irse al día siguiente... ¿Quién puede funcionar bien bajo esa presión?

 

Por eso he propuesto que se cambie el sistema de elección, que sea la Corte la que haga la terna y el Presidente el que elija. Pero desde mi perspectiva, el doctor Guillermo Mendoza hizo una buena gestión.

 

Fue evidente, con la devolución de la terna de Fiscal, que eso se politizó.

 

Pues mire lo que pasó con eso de devolver la terna. En un caso hubo una candidata que sacó 14 votos, y no fue Fiscal. Y hubo otra que sacó la misma votación, y fue Fiscal.

 

Pues eso jamás se lo van a ex- plicar al país. Por otro lado, ¿no le parece muy sofisticado un país demasiado francés en su jurisprudencia, cuando la Corte declara constitucional que los perros monten en transmilenio?

 

Imagino que a la Corte le llegó una tutela y hay que mirar que la gente aquí padece de un mal que en siquiatría se llama querulomanía: una enfermedad en siquiatría forense del quejoso per se.

 

¿La manera corta de resolver la crisis de la justicia en Colombia cuál sería?

 

Que los jueces cumplan los términos procesales. No más.

 

Pero sí se necesita quitarles de tajo las funciones electorales a las cortes...

 

Totalmente. Eso lo hemos dicho varias veces. Es el único país del mundo donde los jueces cumplen funciones electorales. En todas partes del mundo los jueces se dedican a fallar. Pero aquí la Constitución del 91, con la buena intención de despolitizar, terminó dándoles a las cortes funciones electorales, y lo que hicimos fue meter la política en las altas cortes. Crear grupos, bandos... Eso no conviene. Si yo fuera magistrado de la Corte, pediría que me dejaran solo fallando. Eso salió mal.

 

Pues si usted fuera magistrado estaría solo.. No son muchos los que aceptan que les quiten esas funciones electoreras...

 

El hecho de que ellos no lo quieran no quiere decir que el Estado no deba quitárselas.

 

¿Su opinión de la actual Fiscal?

 

Es muy prematuro. Lleva cuatro meses. La conozco hace muchos años, es inteligente y capaz, le deseo que le vaya bien, no hablo con ella hace algún tiempo por respeto, pero por lo que uno ve en los medios hace lo posible para acertar en medio de este maremágnum.

 

¿Qué piensa del Procurador?

 

Independientemente de lo que se ha dicho sobre sus opiniones religiosas, lleva tres años y dice bien de su desempeño que tanto sus enemigos como sus amigos hablen mal de él. Así debe ser un Procurador. En el caso de Samuel Moreno cometió una equivocación de buena fe, al suspenderlo por una razón que si la aplicáramos en toda la administración nos quedaríamos sin administradores.

 

¿De la Contralora?

 

Es una funcionaria eficiente, lo ha hecho bien. Tiene que tener mas cuidado para que no se vaya a desgastar la figura constitucional de la suspensión. Ha demostrado autonomía e independencia: esos congresistas que la eligieron ya no la están queriendo.

 

Eso habla bien de ella. ¿El Ministerio de Justicia resuelve la crisis de la justicia?

 

No per se. Pero sí fue una tremenda equivocación en el año 2002, cuando todo el mundo estaba en la euforia uribista y se le aprobaba todo lo que proponía, suprimir el Ministerio de Justicia. Ahí la justicia se quedó sin interlocutor.

 

Si a usted le ofrecieran el Ministerio de Justicia, ¿lo aceptaría?

 

Es muy difícil pronunciarse sobre hipótesis. El Presidente ni me ha hablado de eso, ni yo he hablado con él de eso. No estoy buscando puesto. Es como si me pregunta por la posibilidad de que me postularan para arzobispo de Bogotá.

 

¡Créame que es mucho más fácil que lo postulen como ministro de Justicia, que como arzobispo de Bogotá!

 

Pues para ninguna de las dos me han postulado.

 

Se cumple un año del gobierno Santos. ¿Su calificación?

 

Toda calificación es arbitraria. Pero le digo esto: si muchos de los que votaron por Santos hubieran pensado que iba a hacer lo que hizo, no hubieran votado por él. Y si muchos de los que se le opusieron a Santos, porque lo consideraban como una especie de diablo, hubieran pensado que iba a hacer lo que hizo, hubieran votado por él. Santos está dando una sorpresa. Creo que sigue siendo una persona de talante liberal, y ha hecho cosas que eran impensables. Quisiera pensar en Santos como el sobrino nieto de Eduardo Santos que pudo transformar al país. Lo veo como un socialdemócrata, a pesar de que quienes lo ayudaron a elegir lo estaban eligiendo pensando que era otra cosa.

 

¿Otro Uribe?

 

Sí. Y eso habla muy bien de Santos. Lo que está haciendo es ser el personero de la Colombia del sigo XXI, con errores, con equivocaciones, pero con muchos aciertos.

 

ORDENAN INDEMNIZAR A MUJER DISCRIMINADA EN DISCOTECAS DE CARTAGENA

 

La Corte Constitucional sentó su posición jurídica después de 7 años del incidente.

Johana Acosta Romero, a quien le negaron la entrada a dos discotecas de Cartagena por ser negra, será indemnizada por los establecimientos que la rechazaron a ella y a su hermana.

La Corte Constitucional ordenó a un juez de La Heroica que establezca el monto de la indemnización que deberá recibir Acosta de las discotecas 'La Carbonera' y 'Qka Yito', a donde fue con su hermana Lena, y un grupo de amigas para celebrar la Navidad del 2004.

Según dice en una sentencia del 2005 de la Corte Constitucional, cuando llegaron a 'La Carbonera' los vigilantes pusieron varias talanqueras para que el grupo no entrara, como que debían tener un carné, hecho reservación, y que había una fiesta privada.

El grupo se fue, pero a las 10:30 p.m. decidió volver para ver qué había detrás de tantas trabas. Entonces los vigilantes le dijeron a las amigas de Johana, "todas ellas de tez blanca", que podían entrar pero las dos hermanas no por ser negras.

A las 11 llegaron al otro establecimiento, Qka-Yito, donde dejaron entrar a sus amigas, pero no a Johana ni su hermana porque el sitio estaba supuestamente lleno y no tenían reserva.

Luego el portero les confesó a las dos hermanas que tenía prohibido dejar entrar a "personas de su color", a menos de que fuesen adineradas.

Acosta contó que desde entonces enfrentó varios y duros procesos judiciales contra los dueños de las discotecas, y controvirtió las decisiones de los jueces locales por medio de dos tutelas, hasta que la Corte le dio la razón por segunda ocasión.

En otra sentencia del 2005, la Corte Constitucional ya había ordenado el "pago del daño emergente representado en el daño moral ocasionado a Johana Luz Acosta Romero", y así lo notificó al Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena.

El 4 de febrero del 2009 este juzgado decidió condenar a cada uno de los demandados a pagar 100 salarios mínimos. El fallo fue apelado, y luego el Juez Primero Civil del Circuito, como segunda instancia, lo revocó.

Esta fue la decisión que "entuteló" Acosta, por la que acaban de darle la razón. Ahora, el Juez Primero debe, según dice la sentencia de la corte, "determinar el monto que debe pagarse".

"Estoy supercontenta, emocionada, este es un triunfo más de la población afrocolombiana. Es algo que justifica la batalla jurídica en que mi hermana y yo hemos estado inmersas", señaló Acosta, quien hoy tiene 27 años y vive en Bogotá.

"Mi hermana también está feliz. Esto va con nuestro imaginario. Nosotras creemos que nuestras familias no tienen que vivir este tipo de situaciones discriminatorias, y excluyentes", añadió la joven.

 

EL ESPECTADOR

 

DILACIÓN EXCESIVA EN JUICIO

 

Sancionado juez que tardó más de 5 años en iniciar un juicio

Fue suspendido durante un mes en el ejercicio de sus funciones.

Con suspensión de 30 días y sin  derecho a remuneración fue sancionado el juez primero Penal del Circuito de Cali, Víctor Flover Ortiz Monguí, por tardarse más de cinco años en iniciar el juzgamiento de un presunto homicida, según lo determinó la Sala Disci0plinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Las omisiones del operador jurídico derivaron en la prescripción del caso que, consecuentemente, llevó a la libertad a un hombre acusado de de homicidio culposo y lesiones personales culposas, sin que si quiera se pudiera demostrar su inocencia.

 

Según la ponencia del vicepresidente de la Sala, Ovidio Claros Polanco, la decisión terminó favoreciendo de manera injustificada al procesado William Eduardo Gallo Gil, pues no es de recibo el cúmulo de trabajo que alegaba el juez para tardarse tanto tiempo en instalar la audiencia.

“La mora en llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento, cuando para ello tenía solamente cinco días, vulnera dos de los principios más importantes de la administración de justicia: la celeridad y la eficiencia, sin que se encuentre debidamente justificado el actuar omisivo del inculpado”, dice la providencia.

Además, dice la sala, no hubo muestra alguna por parte del disciplinado acerca de su voluntad para dirimir el caso y así lo sugiere el que haya tardado más de cinco años en convocar una simple audiencia.

“No se observa del actuar del disciplinado, que éste haya por lo menos demostrado cabalmente la existencia de una voluntad dirigida a garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, por cuanto si bien tuvo momentos en los cuales por fuerza mayor se tuvo que apartar de sus funciones también lo es que mientras estuvo fungiendo como tal y ejerciendo la labor judicial, el investigado no ofreció ninguna conducta diligente que permita verificar el pulso que le dio a la causa penal”, concluyó la Judicatura.

 

JUECES DE PAZ NO PUEDEN RECONOCER PROPIEDAD O POSESIÓN DE INMUEBLES

 

La advertencia fue hecha por la Superintendencia de Notariado, quien detectó varias irregularidades en ese sentido.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, expidió una instrucción administrativa mediante la cual les ordena a los registradores de instrumentos públicos abstenerse de inscribir sentencias de jueces de paz que declaren la posesión y reconozcan propiedad sobre un predio.

Según el funcionario, la entidad ha teniendo conocimiento que algunos de estos jueces están profiriendo sentencias en ese sentido y solicitan el registro de estas providencias afectando la tradición de los inmuebles.

“La Corte Constitucional se ha pronunciado a través de diferentes sentencias en el sentido de que los Jueces de Paz no tienen esta competencia ya que fueron instruidos para resolver conflictos de menor importancia y cuantía en una determinada comunidad”, indicó.

Manifestó que de presentarse nuevamente esta situación, los registradores deberán expedir una nota devolutiva e informar a la Superintendencia para poner en conocimiento los hechos a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

CORTE EXIGE A EPS NO PONER TANTAS TRABAS A SUS PACIENTES

 

Dice que tantos trámites administrativos en la entrega de medicamentos termina vulnerando el derecho a la salud a los pacientes.

Que se disminuya la carga de trámites administrativos que se le exigen a los pacientes de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, le ordenó la Corte Constitucional a las entidades de salud, tras determinar que la demora en el suministro de unas medicinas a una mujer que padece de epilepsia terminó violando sus derechos fundamentales.

"Los trámites burocráticos y administrativos que demoran irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al que tienen derecho, irrespetan el derecho a la salud de las personas", dice la sentencia de revisión en contra de la Nueva EPS.

Al concluir que las garantías constitucionales de la paciente Mercedes Piracón Núñez habían sido afectados seriamente por la exigencia de innumerables requisitos para la entrega de dos medicamentos, la corporación señaló que los trámites legales y administrativos son de responsabilidad de la empresa que provee los servicios de salud y no deben ser trasladados a los enfermos.

“ (…) Los trámites de verificación y autorización de servicios no podrán ser trasladados al usuario y serán de carga exclusiva de la institución prestadora de servicios”, sostuvo la Corte a través de la sentencia T-1030 de 2010.

 

A la mujer, que padece de epilepsia focal con síndrome depresivo, el médico tratante le había formulado los medicamentos Fenobarbital, incluido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y Oxcarbamazepina, fuera de esa lista. El relato del caso demuestra que la paciente vio vedado su acceso a la salud por varios meses, tras la exigencia de innumerable trámites previos que le imponía la Nueva EPS.

Aún cuando residía en Ubaté, Cundinamarca, la mujer se vio obligada a trasladarse a Bogotá en varias oportunidades para tramitar las prescripciones de cada fórmula, por factores como la cantidad de pastillas, entre otras no sustanciales, que terminaron generando dilaciones en la entrega del medicamento, en detrimento de la salud de la enferma.

 

 

¿POR QUÉ SE APROBÓ LA LEY DE VÍCTIMAS?

 

Por: Álvaro Forero Tascón

 

Parece un milagro que el proyec- to de Ley de Víctimas haya resucitado. La razón que lo explica parece sencilla: Uribe hundió una ley propuesta por sus enemigos políticos, mientras que Santos impulsó una propuesta por su coalición política.

Pero no es tan simple: el liberalismo propuso la Ley de Víctimas porque tiene una interpretación del problema del conflicto armado y el campo colombiano diferente a la del uribismo. Y el expresidente Uribe la hundió no solo porque ésta no distinguía entre victimarios ilegales y la fuerza pública, sino porque encerraba una interpretación de la historia reciente y de los problemas de fondo de la violencia en Colombia, completamente opuestos a su pensamiento.

¿Cómo es posible entonces que un proyecto con semejantes implicaciones ideológicas haya podido tramitarse, si las diferencias entre el gobierno pasado y el actual supuestamente se limitan al estilo de los presidentes? Lo que sucede es que  mientras los uribistas tratan de disimular su pasado radical negando la montaña de diferencias entre Santos y Uribe, los enemigos del uribismo no quieren reconocerle a Santos que ha introducido cambios de fondo, porque mantiene aspectos estructurales de Uribe, así sea matizados, como la seguridad democrática y la confianza inversionista. La explicación es que Santos está haciendo una corrección histórica profunda del uribismo, pero no por vía de eliminarlo, sino de diluirlo.

Con la Ley de Víctimas se empieza a apreciar con más claridad el perfil histórico de Juan Manuel Santos, que consiste en pulir las tesis uribistas de sus excesos ultraconservadores mediante el regreso a la tradición reformista liberal. En el tema del conflicto armado, Santos está combinando la receta militarista de Uribe con la visión garantista de la Constitución del 91. La innovación consiste en superar el infantilismo con que la sociedad colombiana enfrentó el aumento de la violencia a finales de los años noventa, primero con excesos pacifistas y luego con excesos militaristas, para, fiel a la fe de Santos en la tercera vía, buscar un tratamiento más integral y maduro del problema, introduciendo el componente del tratamiento de las víctimas y de la tierra. Abandonando la tesis de que las soluciones solo se consiguen por vía de la autoridad, y retomando la idea de intentarlas por el camino institucional, Santos le apuesta también a los derechos de la Constitución, materializándolos con la Ley de Víctimas. Mientras el uribismo planteó resolver el conflicto armado desconociéndolo, recrudeciéndolo militarmente, enfocando los tratamientos en los victimarios, pasando por encima de garantías constitucionales mínimas, Santos recurre a mantener la presión militar pero introduce la solidaridad, ofreciéndole garantías a la porción más numerosa y golpeada del conflicto.

Pero la Ley de Víctimas no sólo aclara el perfil ideológico de Santos, sino también el político. El presidente sabía que encauzando las demandas sentidas de las víctimas, el Partido Liberal regresaba por los fueros que lo hicieron mayoritario en el pasado, y que apoyándolo no sólo recuperaba sus derechos como liberal, esenciales para su ubicación histórica, sino el agradecimiento de cuatro millones de posibles votantes.

 

20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

 

Por: Santiago Montenegro

 

Cuando conmemoramos vein- te años de la Constitución, me temo que muchos colombianos, incluyendo la mayoría de economistas y también muchos abogados, no han entendido —no hemos entendido— qué fue lo que sucedió y cuáles son las consecuencias de la Carta de 1991.

No exagero al decir que la Constitución de 1991 ha sido la revolución más grande que ha experimentado el país desde las Guerras de Independencia.  Es una revolución para bien, una revolución que necesitaba Colombia, de mucho más alcance que la Constitución del 86 o que la Revolución en Marcha.  Usualmente, se argumenta que la Nueva Carta introdujo el Estado social de derecho con la primacía de los derechos fundamentales como núcleo central, las nuevas formas de participación ciudadana y la descentralización, entre sus características más importantes.  Todo es cierto, pero creo que allí no radica su verdadera revolución.  Uno de los impactos más grandes de la Constitución de 1991 tiene que ver con la  práctica de la justicia y del ejercicio del derecho: hay nuevas fuentes y escuelas de interpretación del derecho, que están cambiando la composición o el equilibrio de poderes dentro del Estado y la sociedad.   Además de leyes expedidas por el parlamento, la Nueva Carta consolidó o creó nuevas fuentes del derecho para impartir justicia o solucionar conflictos, como acudir al mismo texto de la Constitución, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales ratificados por el país o a la ponderación de valores de principios  que se pueden ver afectados por conflictos. Por otro lado, en los últimos veinte años también han llegado al país nuevas escuelas de interpretación de la ley que están revolucionado el derecho, con un gran impacto. La antigua escuela del derecho concebía a las normas jurídicas como reglas con significado intertemporal y abstracto, bajo la noción de que “tiene que haber derecho para la aplicación del derecho”, en tanto que los nuevos enfoques, que podemos llamar pragmáticos, interpretativistas o hermenéuticos, conciben  las leyes algo así como actos de habla proferidos por un parlante.  En tanto para los primeros la interpretación presupone el contenido del derecho, para las nuevas escuelas la interpretación define el contenido del derecho. 

ste proceso de multiplicidad de fuentes del derecho y de nuevas escuelas de interpretación de las leyes, que por supuesto no son particulares de Colombia, sino que se están dando en todo el mundo occidental, tiene consecuencias institucionales de inmenso alcance que están afectando el comportamiento de las personas, las empresas y   organizaciones.   Al entenderse la ley y las normas jurídicas como reglas intertemporales y abstractas, estamos ubicando al poder en el pasado y lo estamos situando en el legislativo, en los representantes del pueblo.  Por el contrario, cuando se concibe que el acto de interpretación de la ley crea derecho o se acude a la ponderación de valores como fuente del derecho, estamos ubicando al poder, ya no en el pasado, sino en el presente y trasladándolo en alguna medida desde los legisladores a los jueces.

Al conmemorar 20 años de la Constitución de 1991, tenemos que evaluar  los costos y beneficios de esta revolución.  Personalmente, creo que el efecto neto es positivo, pero se necesitan importantes ajustes.  Sobre todo, necesitamos que el derecho sea un elemento central de los procesos discursivos de la sociedad para que su legitimidad se sustente también con la participación de todos los afectados por las normas.

 

EL NUEVO SIGLO

 

“CONSTITUCIÓN DEBE TENER VOCACIÓN DE PERMANENCIA”

 

A 20 años del nacimiento de la norma de normas, ex presidentes de la Corte Constitucional argumentan que se ha abusado del poder de modificación.

LA CONSTITUCIÓN debe tener una vocación de permanencia, le dijeron a EL NUEVO SIGLO ex presidentes de la Corte Constitucional, al constatar la exagerada reformitis a la que se ha sometido nuestra Carta del 91.

 

 

El ex magistrado Eduardo Montealegre señaló que las constituciones son hechas para que perduren por años y hasta siglos.

 “Es importante tener en cuenta que las constituciones se expiden para que tengan una vocación de permanencia. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene casi 200 años de historia, con muy pocas enmiendas y modificaciones. Todas las constituciones se hacen para que sea un marco y un pacto social que implica mucha perdurabilidad, que puedan pasar muchos años sin modificar sus estructuras esenciales. Sin embargo, eso no implica que frente a circunstancias extraordinarias, cuando realmente el país lo requiera, por necesidades urgentes, puedan introducírsele cambios a la Carta Política”, dijo.

Sin embargo, en Colombia, según Montealegre, “se le han hecho demasiadas reformas a la Constitución del 91, pero hay que tener en cuenta que Colombia es un país de grandes conflictos, en la cual nosotros vivimos controversias muy agudas, donde tenemos una situación de violencia, hay muchos sectores del país que tienen que ser controlados a través de instrumentos jurídicos muy importantes. Es decir, la propia inestabilidad económica y política del país en los últimos 50 años, muestra que a veces el Congreso tiene que acudir a reformas sustanciales para poder enfrentarse a los desafíos modernos”.

 

El también ex magistrado Alfredo Beltrán, señaló que ha habido afán por reformar la Constitución por sólo circunstancias coyunturales.

 “La Constitución debe tener vocación de permanencia y por eso debe estar dotada de una estabilidad superior a la de las leyes. Esa es la razón por la cual, el procedimiento para reformarla es mucho más exigente, que el que existe para simplemente reformar la ley. Esa necesidad de estabilidad en la ley fundamental que es la Constitución Política, explica por qué solamente de manera excepcional, cuando muy altas circunstancias de conveniencia para la vida social, deba reformarse la Constitución. Sin embargo, nosotros ya vamos con 28 reformas, y en 20 años tiene vigencia. Eso lo que está significando, es que hay afán por reformarla si se presentan circunstancias coyunturales, y en ese sentido, me parece que en muchas reformas que se han realizado, no justificarían haber modificado la Constitución”, aseguró.

 

Por su parte, el ex magistrado Carlos Gaviria, que se está atentando contra la seguridad jurídica, al reformar tanto la Carta Política.

 “La Constitución es una norma que tiene vocación de permanencia, y como tal, las reformas deben ser excepcionales. No se puede reformar la Constitución por asuntos de coyuntura, y hay muchas posibilidades de maniobra con la ley, con actos administrativos. Es angustioso que la Constitución, con 20 años que está cumpliendo, tenga ya más de 27 reformas, lo que significa que los gobernantes cada vez que no les gusta alguna solución que se infiera de la Constitución, por acontecimiento de alguna coyuntura, lo único que se les ocurra es reformarla. Me parece que ese es un vicio que hay que enterrar, porque eso atenta contra la seguridad jurídica. Eso da incluso una impresión a la comunidad internacional de falta de seriedad del país, es decir, el país está tanteando que no sabe muy bien cuál es su rumbo”, afirmó.

 

El ex magistrado José Gregorio Hernández manifestó que queda demostrada la improvisación en que ha incurrido el Congreso de la República.

 “La Constitución viene siendo reformada por el Congreso de manera muy irresponsable, porque el poder de reforma es para ir adaptando el orden jurídico a las necesidades reales, desde el punto de vista social, económico y político; pero no para ir convirtiendo a la Carta Política en una especie de concha de retazos, que es lo que han venido haciendo. 29 reformas muestran un escasísimo sentimiento constitucional y una tendencia a la improvisación. El problema es que no se ha detenido esa reformitis, y ahora se nos vienen en este momento, al terminar esta legislatura, cuatro reformas constitucionales nuevas”, expuso.

 

"CONTRARREFORMA” POLÍTICA ESTARÍA A PUNTO DE HUNDIRSE

 

Estaba borrando “avances” en esa materia: Claudia López.

 

Guardando silencio en medio de las fuertes críticas por el reversazo en dos temas cruciales (financiación y género) consignados en la reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2009, aprobada en diciembre, el Gobierno dejó que se marchitara en el Congreso la denominada “contrarreforma” política.

Así lo consideró el presidente de la Cámara, el representante antioqueño Carlos Alberto Zuluaga, del Partido Conservador, que le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “por mucho que se corra, no hay tiempo” para sacar adelante la iniciativa.

Se trata del proyecto de Ley Estatutaria número 205 de 2011 Cámara, “por la cual se adoptan disposiciones sobre equidad de género y sobre financiación de las campañas electorales”, que ya no aparece agendado en el orden del día de la plenaria de la Cámara, a donde había llegado para afrontar su segundo debate.

 

“El Gobierno no le está haciendo ninguna fuerza” a ese articulado, precisó Zuluaga.

La propuesta, radicada por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, pretendía, según quedó consignado en las consideraciones de la ponencia para segundo debate, “regular tres aspectos fundamentales en materia de partidos que fueron objeto de un amplio debate dentro de la aprobación de la reciente reforma”, es decir de la reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2009.

Sin embargo, la polémica fue tal que la iniciativa recibió el apelativo de “contrarreforma” política.

Muchas críticas

Como lo publicó oportunamente este Diario, el Gobierno recibió duras críticas en los temas de los que se ocupa el proyecto.

Para la analista Claudia López, con esa iniciativa el Gobierno quedó como que “con una mano aprueba los temas más importantes para la política y con la otra las borra”.

“Es que es una posición muy absurda del Gobierno en particular del Ministro”, le manifestó López a este Diario. “Primero saca una reforma política que presenta como un gran avance y luego, una vez aprobada, saca una contrarreforma borrando lo que él mismo calificó como gran avance. O sea, esta es una contrarreforma para borrar los avances de la reforma que ya aprobó el Congreso”.

Plata

Uno de los temas más polémicos es el de la financiación. La corporación Transparencia por Colombia (TC) se sumó, a través de un comunicado, a la preocupación expresada por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el proyecto por considerar que no es clara la eliminación del límite del 10 por ciento para las contribuciones de determinados particulares a campañas electorales, sin especificar qué pasa con otro tipo de contribuyentes, dejando además serias dudas sobre las implicaciones de la condonación de deudas.

Para TC el, proyecto de ley “constituye un grave riesgo de corrupción para las próximas elecciones regionales, debido a la falta de claridad sobre el propósito de no limitar las contribuciones a las campañas por parte del círculo familiar, ni tampoco explica si se mantienen los limites para otro tipo de contribuyentes. Así las cosas, podría pensarse que existe la posibilidad de que una sola persona financie el 100 por ciento de una campaña, comprometiendo la independencia de las decisiones futuras de los gobernantes”.

Sobre este particular, López expresó que, en su opinión, el interés de los políticos por contar con la posibilidad de que los recursos de una campaña puedan provenir hasta en un 100 por ciento de su propio bolsillo no es porque tengan una “gran capacidad de recursos propios, sino gran capacidad de tráfico de influencias y eso lo califican de recursos propios. Es decir, todas las coimas que por gestionar contratos les dan los contratistas, de ahí es que viene la plata de financiación y eso no son recursos propios, son recursos de corrupción”.

 

 

“Entonces, yo creo que es mejor que nos dejen de tomar del pelo y nos digan de una vez si lo que se quiere promover es la politiquería en materia de campañas, que es lo que está haciendo con esta reforma política”, consideró López.

 

Mujeres

El otro tema de polémica es el retroceso señalado por varios sectores en el tema de cuota de género.

La senadora Alexandra Moreno, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), ya había anunciado que trabajaría junto con otros congresistas en una contra-contrarreforma.

Moreno, que preside la Comisión Legal de Equidad, estaba proponiendo, además, que la plenaria de Cámara realizara una audiencia pública para que diferentes organizaciones de mujeres, así como la mesa de género de la cooperación internacional, pudieran pronunciarse sobre el tema.

“Debemos trabajar de inmediato. Esta contrarreforma debe tener una discusión amplia donde participemos todas las mujeres del Congreso y organizaciones de mujeres, para que no pase de agache, como se pretende hacer”, aseguró en su momento.

Hace unos días, durante una reunión de la Mesa Interpartidaria de Género, las organizaciones sociales de mujeres hicieron tres propuestas puntuales frente a este tema: primero, la solicitud del retiro inmediato del Proyecto de Ley. Segundo, en caso de que los partidos políticos no cumplan con los requerimientos de incluir un 30 por ciento de mujeres en sus listas de candidatos, éstos deberán demostrar ante el Consejo Nacional Electoral los esfuerzos y mecanismos llevados a cabo para propiciar tales inscripciones. Si estas explicaciones no son aceptadas, propusieron las organizaciones de mujeres, la lista del partido deberá ser anulada.

Finalmente, hicieron un llamado a las demás organizaciones de mujeres para promover una amplia movilización ciudadana en contra de lo dispuesto en el artículo primero, sobre equidad de género en la conformación de listas.

 

 

REVISTA SEMANA

 

UN PASO HISTÓRICO

 

Santos se juega su puesto en la historia con la ambiciosa ley de víctimas. Es un sueño muy difícil de cumplir, pero el solo hecho de tratar cambiará la dinámica del conflicto interno.

Así como la crueldad de una guerra se puede medir en la cantidad de personas que la sufren, el grado de humanidad a la que llega una sociedad se puede medir en su generosidad con las víctimas. Por eso, así como el conflicto en Colombia ha dejado tras de sí una estela de sangre, especialmente en el campo, la ley de víctimas que acaba de aprobar el Congreso es una señal del proceso de maduración de la democracia colombiana y de que la agenda del país avanza en el sentido correcto.

Desde septiembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos puso de presente el valor histórico de esta ley, cuando radicó el proyecto. "Si esta ley se aprueba, habrá valido la pena ser presidente", dijo. Y esta semana, tanto él como los congresistas que se empeñaron en sacarla adelante, especialmente Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Roy Barreras, Iván Cepeda y Armando Benedetti, dejaron una huella en la historia del conflicto colombiano. A simple vista resulta paradójico que Juan Manuel Santos haya convertido a las víctimas en el corazón de su proyecto político. Santos proviene de una burguesía urbana capitalina y las víctimas son en su mayoría campesinos pobres, despojados de tierras en zonas periféricas del país. Santos tampoco había sido un abanderado de las causas de los desposeídos, sino un representante del establecimiento y casi un símbolo del statu quo. Más aún, en los últimos años de su carrera política se había alineado con una derecha conservadora del país, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, que encarna los intereses de sectores latifundistas y simboliza la mano dura contra los violentos.

 

Al jugarse todo por esta ley, Santos retoma la agenda liberal que el país ha visto truncada en tantas ocasiones. Se inscribe en la tradición de 'La revolución en marcha', de Alfonso López Pumarejo, y del programa reformista de Carlos Lleras Restrepo, que buscaron resolver los conflictos del país con iniciativas de inclusión social y desarrollo, más que en la visión que privilegia la estrategia militar como el adalid para pacificar los territorios.

Al retomar banderas liberales, Santos fortalece el centro político, se aleja ideológicamente del expresidente Uribe y, luego de ganarle el pulso en el Congreso, le da un golpe político mortal a la doctrina uribista más ortodoxa. La importancia de esta ley ha sido reconocida como histórica por sectores tan disímiles como los que representan José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, coincidencia que revela el grado de consenso que hay tras ella.

Al final del debate, las dos posiciones más extremas del espectro ideológico han terminado coincidiendo en contra de la ley: los sectores más radicales del Polo Democrático, que la consideran mezquina, y los sectores del uribismo purasangre, que la consideran una traición a la seguridad democrática. Pero la mayoría del país, así como la comunidad internacional, han encontrado que la ley, aunque lejos de ser perfecta, es un gran avance para detener la espiral de violencia. Tanto que posiblemente Santos la sancione durante la visita que hará en junio al país el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Ban ki-Moon.

La ley de víctimas le apunta al corazón del conflicto en dos aspectos. El primero, reconoce el sufrimiento humano en la guerra, que es un deber ético inaplazable y que redunda en una mayor legitimidad del Estado. Y en segundo lugar, ubica la tierra como el eje principal de la reparación, lo que significa reconocer que allí, en la tierra, está el centro de gravedad del conflicto armado que ha vivido Colombia durante el último medio siglo. Los dos millones de hectáreas de tierras usurpadas a sangre y plomo se convirtieron en un botín de guerra y en una fuente de poder político local; y los cuatro millones de hectáreas abandonadas por el conflicto, en un catalizador de la pobreza y en un obstáculo para modernizar al país.

La ley es también una manera de incluir en el proyecto de nación a ciudadanos y comunidades que por décadas han vivido en la periferia del poder y del progreso, en una especie de lejano oeste donde ha imperado la ley del más fuerte. En ese sentido, su aplicación es una oportunidad para que el Estado vaya allí a donde nunca ha hecho presencia y para recuperar de manos de las mafias las instituciones que han sido capturadas por ellas.

Si se mira la experiencia internacional, además, se podrá comprender que la ley de víctimas que acaba de aprobar el Congreso es una de las más ambiciosas del mundo. Tanto en el número de víctimas que pretende reparar -cerca de cuatro millones- como en las implicaciones institucionales que tendrá y el hecho de que se trate de aplicar cuando aún persiste el conflicto.

Pero reconocer el carácter histórico de la ley y su profundo significado político no quiere decir que su aplicación vaya a ser fácil. Todo lo contrario, los retos que se vislumbran son inmensos y sus alcances, limitados.

Para empezar, la ley de víctimas no es una reforma agraria, como piensan algunos. La restitución de tierras, las garantías para el retorno de los desplazados al campo y la legalización de la histórica informalidad de los títulos de propiedad, si se logran, transformarán el campo en algo distinto al teatro de guerra que ha sido hasta ahora. Pero eso no quiere decir que profundos problemas como la desigualda en la distribución de la tierra o su productividad estén resueltos.

Por otro lado, hay que considerar que el mapa de la restitución de la tierra coincide con el de la violencia política y criminal, ensañada especialmente contra las personas que reclaman sus parcelas. Basta ver la cantidad de líderes asesinados en los últimos años en Urabá, Córdoba y Montes de María. Mientras el gobierno no logre mayores éxitos en su ofensiva contra las bandas criminales (bacrim) y sus redes políticas, la implementación de la ley estará amenazada, como lo ha estado todo el proceso de reparación en los años recientes.

Porque si bien en muchas regiones la gente está retornando y la economía y la inversión empiezan a florecer, en otras subsisten poderes ilegales de facto que tienen subyugada a la autoridad y sobornadas a las instituciones regionales. En muchísimos casos, la tierra está en manos de testaferros de narcotraficantes o paramilitares que ni con la Ley de Justicia y Paz ha sido posible detener. Más que ajustes, en muchos municipios se van a requerir verdaderos remezones políticos si se quiere que la ley sea una realidad más allá de la nobleza del papel.

El costo de la reparación es otro desafío. La ley está condicionada a la viabilidad fiscal, la cual depende en buena medida de la voluntad política del gobierno. Pero existen contingencias inesperadas que pueden poner en juego esa voluntad. Un buen ejemplo es que el propio Santos ha tenido que enfrentar una emergencia invernal, con ribetes de catástrofe, y sacrificar otras de sus prioridades para atender a los damnificados.

No obstante lo costosa que puede resultar, la ley de víctimas apenas cumple con los mínimos exigidos. No reparar significaría en el largo plazo un costo económico mayor dado que la reparación se haría por vía judicial o administrativa, arrastrando consigo un gran desgaste institucional y de legitimidad para los próximos gobiernos.

En un país que cada día amanece con un nuevo escándalo de corrupción peor que el del día anterior, el desafío es que todo este sistema de reparación se construya con estándares de transparencia. La participación de las víctimas en todas las instancias es crucial y que se involucren tanto las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional como veedores del proceso.

Colombia es un país que suele pensar que las leyes lo resuelven todo. Por eso no se puede caer en la tentación de creer que con la ley de víctimas se ha llegado a la meta. Por el contrario, la carrera de obstáculos apenas comienza, y el primero de todos es la magnitud de las expectativas que se han creado.

Pero si por un momento si se deja de lado la dosis necesaria de escepticismo sobre lo que se viene en la aplicación de la ley, la sociedad colombiana tiene un instrumento que puede cambiar la visión de la guerra al poner a las víctimas como protagonistas del posconflicto. Pero no va a ser nada fácil y el camino estará colmado de frustraciones. De quienes esperaban mucho de ella y de quienes no quieren que nada cambie. Pero más allá de su impacto limitado y de la rabia y la frustración que se sentirán en muchos sectores, es un gran paso hacia la reconciliación del país. Más allá de si esta ley es un punto de ruptura o no, o de su verdadero poder transformador, Juan Manuel Santos se puede abrir un lugar en la historia de Colombia solo por haberlo intentado.

 

¿HAY CURA PARA LA SALUD?

 

Mientras que cada vez los usuarios están más inconformes con el sistema de salud. Más allá de la incertidumbre que han generado la intervención y los allanamientos de EPS, el gobierno se la va a jugar para reordenar el sistema de salud, que no tiene contento a nadie.

El show de la salud no para. Mientras que esta semana la Policía allanó las sedes de varias EPS para buscar pruebas de cobros ilegales y los ejecutivos de SaludCoop decidieron sindicalizarse para evitar ser removidos de sus cargos -una jugada que dejó un mal sabor ante la opinión pública-, la incertidumbre entre los usuarios y el sector de la salud está creciendo.

El presidente Juan Manuel Santos denunció hace un mes la red de recobros en el Fosyga y advirtió que esa era apenas la punta del iceberg. Desde entonces los colombianos han recibido una tormenta de noticias que hoy tiene a la EPS más grande del país intervenida y, además, a la Nueva EPS (antiguo Seguro Social), Coomeva, Sánitas, Salud Colpatria y Ecoopsos, todas con más de cuatro millones de afiliados, bajo investigación aparentemente por haber tramitado recobros ilegales.

Mientras las investigaciones continúan y las actuaciones del Estado contra la corrupción y toma de control de otras EPS no están descartadas, hay una gran incertidumbre en si el gobierno sabe lo que está haciendo y lo que quiere del sistema. Incluso, cada vez hay más voces autorizadas que están planteando la necesidad de que el Estado retome el control de la salud y que cambie el régimen creado por la Ley 100 de 1993, que les dio vida a las EPS, IPS y demás siglas e intermediarios que muy pocos colombianos entienden y que poco bien le han hecho a un sistema que sigue enfermo.

A pesar de tanta incertidumbre, el ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, es categórico al afirmar que el gobierno tiene claro lo que quiere del sistema de salud y lo que está haciendo. En primer lugar, aclara que el método de aseguramiento no está en discusión, no se va a cambiar y mucho menos se piensa en regresar al esquema que operaba antes de la Ley 100. "Queremos un sistema de aseguramiento en el que los colombianos estén protegidos contra el mayor número de enfermedades, pero que funcione bien. Queremos un sistema no tan complicado, que suprima tantos intermediarios y agentes, donde los recobros dejen de tener la importancia que tienen hoy. Se requiere un control muy fuerte, en el que el usuario y el paciente sean el centro del sistema", dijo Santa María.

Sin embargo, para que el sistema actual siga se requieren ajustes y cambios importantes y urgentes, algunos de los cuales están en curso. En primer lugar, el gobierno pretende que haya menos EPS. Ahora en Colombia hay más de setenta entidades de este tipo. "Es un número absurdo, y lo que queremos es que a través de diferentes indicadores de gestión, riesgo, calidad, número de usuarios, solvencia económica y servicio queden entre 15 y 20 EPS operando. No necesariamente deberán ser tan grandes como la Nueva EPS o SaludCoop, pero no pueden seguir funcionando las que tienen entre 10.000 o 15.000 usuarios", agregó Santa María.

La gran pregunta que se hacen analistas como el economista y experto en salud Eduardo Sarmiento, es si el Estado debe tomar el control de todas o de las más grandes con el fin de garantizar la prestación de servicios, evitar cobros desbordados y regular en el mercado las actuaciones de otros actores. Lo que debe hacer el gobierno, según Germán Velásquez, experto en salud del South Centre, y quien hará parte de un grupo de expertos que se reunirá esta semana para debatir sobre el futuro del sistema, es tomar en un plazo prudencial el control de las EPS y del sistema de salud, porque si algo está claro es que las EPS, hospitales y farmacéuticas, entre otros, han impuesto sus intereses y han doblegado al Estado, que ha sido incapaz de controlar, de vigilar y de hacer prevalecer el derecho a la salud que tienen todos los colombianos.

Con SaludCoop bajo control estatal, Caprecom en crisis y las otras EPS que serán intervenidas en las próximas semanas, el gobierno tiene por primera vez en 18 años la posibilidad de reordenar el sistema desde uno de los agentes más importantes. Pensar en EPS totalmente públicas, como Caprecom, abriría otro espacio para la corrupción. Una salida puede ser lo que ocurrió con la Nueva EPS, en la que el Estado mantiene su presencia, pero les entrega la gerencia a las cajas de compensación.

El segundo paso es simplificar las normas, que ni el gobierno tiene claras, y el tercero es definir el nuevo Plan de Salud, que prácticamente no ha sido modificado desde que fue establecido a comienzos de los años noventa. Al definir el nuevo Plan de Salud, el gobierno debe decir, con la mano en el corazón, cuánto vale y si los recursos que actualmente ponen los colombianos y el Estado al sistema alcanzan o no. Además, si quedan medicamentos, tratamientos, procedimientos o insumos, deberá definir mecanismos claros y fáciles para su recobro y no permitir otra piñata de recursos como la que casi quiebra al sistema.

Otro aspecto en el que coinciden los actores del sector es que hay que desjudicializar al sistema, pues desde finales de los noventa estos empezaron a ordenar tratamientos, medicamentos y procedimientos a través de sentencias judiciales. Es tiempo de hacerles entender a los jueces y magistrados que en ninguna parte del mundo hay un régimen de salud que cubra todas las necesidades que tienen los pacientes. Los jueces deben garantizar el derecho a la vida, no a la inmortalidad, y pensar -así suene duro- que es mejor invertir 80 millones de pesos en vacunar a cientos de niños que en darle un tratamiento de última generación a una persona de 80 años que le va a alargar la vida un par de meses. O, en el peor de los casos, cuando se financia con plata de todos los colombianos una serie de tratamientos experimentales que ni siquiera se dan en Inglaterra, Canadá o Francia a sus ciudadanos. De ahí que haya un consenso general, un pacto social, en el que todos sepan lo que tienen que hacer.

Pero en el nuevo modelo debe imperar una intervención activa del gobierno, desde afuera o desde adentro, que vigile y controle, tal como ocurre para el sector financiero. Félix Martínez, presidente de Fedesalud, considera que la base está en crear de manera urgente un sistema de información independiente, que reporte en tiempo real todo lo que está pasando. Hoy, son las EPS quienes proveen la información al Estado para tomar decisiones. Y está claro que, con intereses particulares de por medio, no son muy fiables sus reportes.

 

Finalmente, es claro que se debe ejercer un mayor control sobre el registro, comercialización y precios de los medicamentos en el país, pues quienes mayor tajada sacaron de la piñata de recobros al Fosyga fueron los laboratorios farmacéuticos. "Hoy el Invima está tomado por esta industria con la anuencia del gobierno de Santos. Por eso sabe que si quiere enderezar el sistema de salud y retomar el poder del Estado sobre esta industria, debe hacer ajustes importantes", dijo Germán Velásquez, quien durante veinte años ha trabajado en el acceso a medicamentos en el mundo. Para atender tanta demanda, el Fosyga tuvo una adición presupuestal cercana a los diez billones de pesos el año pasado, que nunca pudo justificar.

El diagnóstico de lo que pasa en la salud está claro desde hace mucho tiempo. Lo que debe buscar el gobierno, en diálogo con los colombianos, es que el sistema de salud vuelva a tener a los pacientes como el centro de existencia y no la utilidad y el dinero como recetario. De ahí el reto que tiene el gobierno, que con sus actuaciones e intervenciones prendió una llama que apunta a crear un mejor sistema de salud, pero que, si se equivoca, puede terminar por destruirlo.

 

TODO POR UNA FOTO

Por María Jimena Duzán

 

En estos veinte años nos hemos convertido en el país de mayor inequidad en el continente.

Hace unos días volví a ver la foto histórica que selló la Constitución del 91 y no pude evitar pensar en lo mal que les fue a los tres firmantes de nuestra Carta Política en estos veinte años: al dirigente conservador Álvaro Gómez lo asesinaron, Antonio Navarro se desapareció de la política nacional y Horacio Serpa nunca pudo llegar a ser presidente de este país.

¿Quién se iba a imaginar que Antonio Navarro Wolf, que hace veinte años era una figura promisoria proveniente del M-19 a la que muchos le auguraban un futuro rutilante, iba a terminar convertido en una figura gris, anodina, sin mayor influencia nacional? ¿Acaso alguien se iba a imaginar que su partido, el M-19, iba a desaparecer sin dejar mayor huella y que iba a terminar absorbido por la Anapo y por el uribismo, dos movimientos populistas de derecha? ¿Quién iba a suponer que a Navarro lo iba a desplazar Gustavo Petro, un político que se inició en la izquierda y que ahora anda a la brega de hacer un proyecto personalista sustentado en valores cristianos, como él ahora lo dice? ¿Quién se iba a imaginar que Gustavo Petro terminaría eligiendo al procurador Alejandro Ordóñez, representante de una derecha religiosa, que detesta a los gays, que desconoce el derecho de la mujer a utilizar su cuerpo libremente y que quiere imponer su credo a pesar de que la Constitución del 91 dice que el nuestro es un Estado laico?

La gran paradoja es que mientras el M-19 acabó neutralizado por el establecimiento, el dirigente ultraconservador Álvaro Gómez terminó asesinado por el régimen que él mismo intentó desenmascarar en sus últimos años de vida. La justicia aún no ha encontrado a los culpables de ese crimen, pero su asesinato demostró el poder infinito que tienen las fuerzas de la corrupción que se han enquistado en el poder a lo largo de estos veinte años de vida de la Constitución del 91. Con la muerte de Álvaro Gómez, el suyo se volvió un partido sin ideario, en el que las grandes discusiones se dan cada vez más dentro de una minoría intelectual que gira alrededor de la casa Pastrana, cada vez más alejada de los poderosos caciques conservadores que han estado en el poder desde hace más de quince años y que hoy son los protagonistas de los escándalos de corrupción más lamentables.

Otro tanto se puede decir del liberal Horacio Serpa. De ese Serpa impetuoso de hace veinte años, representante del entonces todopoderoso Partido Liberal, el mismo que hablaba de justicia social y de equidad, no nos queda mucho. Nunca pudo llegar a la Presidencia porque el país siempre le cobró su lealtad al gobierno Samper, quien nos sometió a la tesis de que él no tenía la culpa de que a su campaña hubiera entrado dinero del narcotráfico porque había sido a sus espaldas. La política se fue olvidando de él hasta el punto de que hoy su ascendencia en el Partido Liberal es mínima y su poder está reducido a Santander.

Ni Gaviria, ni Samper, ni Uribe, quien gobernó con más de la mitad del liberalismo, lograron imponer sus tesis de justicia social y de equidad. En estos veinte años, por el contrario, nos hemos convertido en el país de mayor inequidad en el continente, según la revista The Economist, y el liberalismo se convirtió en el vehículo predilecto del narcoparamilitarismo para llegar al Congreso y a la política, como de hecho también le sucedió al conservatismo en estos últimos años. Ahora el partido de Serpa de hace veinte años no es sino una minoría dentro de la Unidad Nacional.

No pretendo aguar la fiesta de la celebración de los veinte años de la Constitución del 91, porque son muchas las cosas buenas que nos ha dejado esta Carta, comenzando por herramientas como la tutela, por instituciones como la Fiscalía, por una cultura política más democrática sustentada en el respeto a las minorías. Pero lo que les pasó a estos tres firmantes de la Carta refleja en el fondo cómo bajo estos avances hay retrocesos que lamentar.

Nos estamos quedando sin partidos y cada vez estamos más expuestos a experiencias caudillistas de corte personalista y populista; a candidatos por firmas que no están respaldados por partidos, sino por sus egos. Hace veinte años ni a Serpa, ni a Navarro, ni a Álvaro Gómez se les habría pasado por la mente que sus partidos estarían así de vaciados.

La Constitución del 91 acabó con el bipartidismo en buena hora, pero desde entonces no hemos podido recomponer democráticamente nuestro mapa político. Y sin partidos no hay democracia.

 

CARACOL RADIO

 

CONSEJO DE ESTADO ORDENA LA CREACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF

 

El Consejo de Estado le ordenó al Instituto de Bienestar Familiar que conjuntamente con las Universidades Nacional, Antioquia y del Valle implementar un manual técnico de seguridad obligatorio para todos los hogares comunitarios y sustitutos en el país.

El presidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo dijo que el fin de esta determinación es el de establecer las condiciones mínimas de protección a favor de los menores beneficiaros del servicio público que presta el ICBF

La orden fue dado en un fallo en el que se condenó al Bienestar Familiar a pagar una condena de 314 millones de pesos como indemnización de un menor de edad y su familia por las daños que padeció en un hogar infantil de Medellín en donde el niño de 13 meses se tragó un elemento plástico que le causó graves daños cerebrales.

El cuerpo extraño que ingirió el menor le causó una obstrucción respiratoria que le impidió el paso de oxigeno al cerebro lo que le causó un daño neuronal irreversible y como consecuencia el niño no puedo caminar ni hablar ni sentarse y tiene que ser atendido en las funciones fisiológicas básicas

Ante esta situación el consejo de estado al bienestar familiar como medida de rehabilitación suministrar al menor de por vida hasta su fallecimiento todas las terapias psicomotoras y de lenguaje que se requieran para que eél desarrolle mejores niveles de vida.

Así mismo se ordenó costear y suministrar todos los medicamentos y procedimientos quirúrgicos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida del niño.